El autor ha llevado a cabo un estudio en el marco de su ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación que analiza la encrucijada a la que puede enfrentarse el juez nacional debido a la diversidad de estándares de protección garantizados por el catálogo interno de derechos fundamentales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta encrucijada, de naturaleza sustancial, fue experimentada por el Tribunal Constitucional español en su primera cuestión prejudicial presentada al Tribunal de Justicia.

A esta encrucijada sustancial se suma otra, de naturaleza procedimental o formal, relacionada con las diferentes vías incidentales de posible intervención por parte de los intérpretes supremos de estos catálogos en el marco de un mismo proceso (por ejemplo, cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial europea y opinión convencional consultiva tras la firma del Protocolo no. 16 del Convenio en octubre de 2013). Esta situación requiere una salida metódica y diligente, ya que condiciona en gran medida la dificultad para que el juez ordinario elija el estándar de protección aplicable al litigio.

En el Capítulo VII se aborda el Título II de la Ley sobre Buen Gobierno, con un examen del régimen sancionador que establece dicha ley. Por último, el libro concluye con un Epílogo dedicado al papel de las Comunidades Autónomas después de la Ley estatal.

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