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El programa español de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) tiene como objetivo principal proteger las inversiones españolas en el extranjero, en lugar de atraer inversiones extranjeras a España. Esto no se debe a que estas inversiones no sean interesantes desde el punto de vista económico, que obviamente lo son, sino porque en España estas inversiones extranjeras ya están protegidas tanto por el marco jurídico nacional como por el Derecho comunitario.

Por lo tanto, el término «recíproca» en el título de estos Acuerdos tiene un cierto valor eufemístico. Sin embargo, a raíz de los sucesos ocurridos en Bolivia en la primavera de 2006, donde un Decreto de nacionalización de los hidrocarburos dictado por el gobierno del país andino el 1 de mayo ha perturbado el desarrollo normal de la actividad inversora de empresas españolas conocidas en el sector, el APPRI entre España y Bolivia comenzará a desplegar todos los efectos para los que fue creado.

Una vez que una inversión es admitida, queda sujeta al régimen jurídico del Estado receptor. Por esta razón, los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones diseñan cláusulas especiales de tratamiento para proteger dichas inversiones, las cuales pueden «interferir» en el régimen jurídico interno del Estado receptor al introducir los nuevos principios del Derecho internacional en materia de protección de inversiones extranjeras.

De esta manera, estos Acuerdos están cambiando el contenido del Derecho internacional en materia de inversiones al establecer estándares de tratamiento universalmente aceptados que modifican el Derecho de los Estados en relación a sus propios recursos naturales y, principalmente, desplazan la solución de controversias a favor del inversor.

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