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En este estudio sistemático, se exploran las diferentes formas en las que las Administraciones públicas intervienen en el ámbito de la acción social. Se realiza un análisis detallado de los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales, identificando los requisitos jurídico-administrativos necesarios para garantizar su eficacia. Todo esto se desarrolla en un contexto marcado por la actual crisis económica, lo que lo hace aún más relevante.

Este trabajo aborda aspectos que han sido poco tratados hasta ahora por la doctrina jurídica, lo que permite profundizar en cuestiones de especial interés. Además, se reconoce la importancia de este ámbito como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, otorgándole así la relevancia que se merece.

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