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10 AÑOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA (ANÁLISIS DE SU JURISPRUDENCIA)
Desde que se implementó la posibilidad de que las corporaciones, entidades y sociedades, especialmente las empresas, pero también asociaciones y fundaciones, puedan ser responsables penalmente de al menos 27 categorías de delitos, nuestros Jueces y Tribunales han llevado a cabo numerosos procedimientos contra estas entidades colectivas acusadas de cometerlos (societas delinquere potest).
En esta obra se realiza un análisis exhaustivo de las más de 300 sentencias y autos judiciales que se han dictado en sus 10 años de vigencia por el Tribunal Supremo, las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los Jueces de lo Penal e Instrucción. El objetivo es sistematizar y ordenar esta jurisprudencia, identificando los principales temas y problemas jurídicos abordados en ellas. Además, se incluyen análisis críticos por parte del autor, exponiendo las diferentes posturas judiciales sobre los aspectos más controvertidos. Siempre se citan extractos literales de las resoluciones que mejor los ejemplifican, permitiendo conocer tanto las posturas favorables como las desfavorables en caso de discrepancia.
También se han añadido interpretaciones jurídicas del autor en cuestiones fundamentales que aún no han sido objeto de análisis jurisprudencial en estos 10 años, como por ejemplo los elementos de la eximente de Cumplimiento Normativo, las políticas y actuaciones corporativas que definen los modelos de organización y gestión, la eficacia y adecuación de los modelos de cumplimiento normativo penal, los canales de denuncia, las investigaciones internas corporativas y la responsabilidad penal de entidades del sector público, entre otros.
Con esta obra, se completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi, ofreciendo una herramienta completa y actualizada para los profesionales del derecho y aquellos interesados en el ámbito de la responsabilidad penal de las entidades colectivas.
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DELITOS TECNOLOGICOS
Los delitos tecnológicos son un tema de gran importancia en la actualidad, ya que con el avance de la tecnología han surgido nuevas formas de cometer crímenes. El libro «Delitos tecnológicos: cuestiones penales y procesales» se enfoca en ofrecer un detallado estudio sobre estos delitos, tanto desde el punto de vista penal como procesal.
En primer lugar, se analizan en detalle los diferentes delitos tecnológicos que existen, como el descubrimiento y revelación de secretos, los daños y estafas informáticas, los delitos contra la propiedad intelectual, la pornografía infantil, el phishing, el sexting, el grooming, el stalking, el cracking, el spoofing, las injurias y amenazas informáticas, el ciberodio y el ciberterrorismo. Se examinan sus características, elementos constitutivos, circunstancias modificativas y la jurisprudencia más reciente relacionada con ellos.
Por otro lado, el libro también se adentra en los aspectos procesales vinculados a la investigación de estos delitos tecnológicos. Se aborda en profundidad la ubicuidad y universalidad de la investigación tecnológica, prestando especial atención a la obtención y licitud probatoria de la tecnología. También se tratan temas como el aseguramiento de la evidencia, la cadena de custodia, los instrumentos tecnológicos utilizados en las investigaciones, la interceptación de telecomunicaciones, el acceso, uso y análisis de datos, así como el uso de micrófonos, cámaras ocultas, geolocalizadores, filmaciones, tecnovigilancias y registros de dispositivos con información. Además, se explora el papel de la inteligencia artificial, la pericial tecnológica y la cooperación jurídica internacional contra la ciberdelincuencia.
El libro también se adentra en las medidas restrictivas tecnológicas que se pueden aplicar en estos casos, como la retirada de contenidos, la interrupción de servicios informáticos y la interdicción del acceso. Asimismo, se analizan las consecuencias accesorias de los delitos tecnológicos, así como la responsabilidad civil derivada de los mismos. Por último, se aborda el marco de cooperación jurídica internacional para combatir la ciberdelincuencia.
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EL CANAL DE DENUNCIAS: SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
Análisis de cómo las empresas y las entidades públicas deben actuar para evitar y reducir las posibles sanciones penales y cumplir con la normativa vigente, específicamente la Directiva Whistleblowing 2019/1937.
La Directiva Whistleblowing 2019/1937, también conocida como Directiva de Protección de los Denunciantes, establece una serie de medidas y obligaciones para garantizar la protección de aquellos individuos que denuncien irregularidades dentro de las organizaciones. Es crucial que tanto las empresas como las entidades públicas comprendan y cumplan con los requisitos de esta directiva para evitar sanciones penales y asegurar el cumplimiento de la normativa.
Una de las principales medidas que deben tomar las empresas y entidades públicas es establecer canales de denuncia seguros y confidenciales. Estos canales deben permitir a los denunciantes informar de manera anónima y proteger su identidad en todo momento. Además, es fundamental que se garanticen las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de represalia hacia los denunciantes.
Asimismo, las organizaciones deben implementar políticas y procedimientos claros para gestionar las denuncias de manera efectiva. Esto implica establecer un proceso de investigación adecuado y transparente, así como designar un responsable o un comité encargado de supervisar y evaluar las denuncias recibidas.
Otro aspecto importante es la formación y concienciación de los empleados y miembros de la organización. Es crucial que todos estén familiarizados con la Directiva Whistleblowing y conozcan sus derechos y responsabilidades. La capacitación periódica puede ayudar a garantizar que todos estén actualizados sobre las mejores prácticas y los procedimientos establecidos.
Adicionalmente, las empresas y entidades públicas deben establecer un sistema de seguimiento y monitoreo para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Esto implica realizar revisiones periódicas y realizar los ajustes necesarios para asegurar el cumplimiento continuo de la normativa.
En resumen, es fundamental que las empresas y las entidades públicas actúen de manera proactiva para evitar y reducir las sanciones penales relacionadas con el incumplimiento de la normativa vigente, como la Directiva Whistleblowing 2019/1937. Esto implica establecer canales de denuncia seguros, implementar políticas y procedimientos claros, capacitar a los empleados y realizar un seguimiento constante para garantizar el cumplimiento continuo de la normativa y proteger los derechos de los denunciantes.
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MARCO NORMATIVO DE LA UE PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL
En los últimos años, la Unión Europea ha implementado una regulación exhaustiva en relación con los servicios y aspectos clave que se derivan de la transformación digital de la sociedad. Esta regulación abarca diversos ámbitos, desde la protección de datos hasta la seguridad cibernética.
Uno de los aspectos más relevantes de esta regulación es la protección de la privacidad y los datos personales de los ciudadanos. La Unión Europea ha establecido normativas estrictas, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), para garantizar que las empresas y organizaciones respeten la privacidad de los individuos en el entorno digital.
Otro punto importante es la promoción de la competencia justa en el mercado digital. La UE ha implementado medidas para evitar prácticas anticompetitivas y garantizar que todas las empresas tengan igualdad de condiciones para operar en el entorno digital.
Además, la Unión Europea ha prestado especial atención a la seguridad cibernética, con el objetivo de proteger a los ciudadanos y las infraestructuras críticas de posibles ciberataques. Se han establecido directrices y normativas para fortalecer la seguridad en el entorno digital y garantizar la protección de la información sensible.
En resumen, la regulación desplegada por la Unión Europea en los últimos años busca asegurar que la transformación digital de la sociedad se realice de manera segura, justa y respetuosa con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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