En un momento en el cual los Estados de Europa parecen dejar atrás sus intereses parciales para marchar todos juntos por la senda de una construcción unitaria, es necesario volver la vista atrás y constatar que los gestores del personal en las distintas Administraciones Públicas españolas conocen y sufren todos los días la enorme inseguridad jurídica generada por una regulación que carece de coherencia, está obsoleta en muchos casos, es provisional en otros y presenta competencias concurrentes de diferentes Administraciones. Además, es resultado de una acumulación normativa en cascada, lo que ha dado lugar a una de las tasas de conflictividad más altas.

De ahí que resulte necesario proceder a reformar la legislación sobre función pública. La Ley 30/1984, y sus ulteriores modificaciones parciales, no han logrado una adecuada gestión de los empleados públicos capaz de ajustar el personal existente a las necesidades reales. Por lo tanto, es imprescindible implantar una estructura administrativa cada día más similar (aun cuando no idéntica) al sistema productivo privado.

Esta nueva estructura administrativa debe asumir los mismos principios informadores que el sistema privado, como la economía, la productividad, la celeridad, la eficacia y la disciplina. Además, debe utilizar técnicas de actuación análogas. En todo este proceso, se debe dar la importancia que merece a la negociación colectiva como instrumento de fácil adaptación a las necesidades concretas de cada organismo o entidad.

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