En la actualidad, prácticamente todas las televisiones públicas se encuentran en un proceso de redefinición. Esto se debe a la necesidad de controlar la doble financiación de los entes públicos, revisar las obligaciones que afectan a los operadores privados y flexibilizar las restricciones en la propiedad y gestión de las televisiones. Estas son las principales demandas de un sector privado en crecimiento y de un mercado en proceso de digitalización.

Ante este problema, el Derecho Comunitario ofrece una perspectiva interesante. Esta perspectiva se basa en la calificación de los servicios televisivos como servicios de interés económico general. Esto implica que se considera que estos servicios tienen un impacto económico y social en la sociedad.

VER PRECIO EN AMAZON