Desde el año 2012, el Observatorio Europeo de Memorias (EUROM) de la Fundación Solidaridad UB ha estado analizando el desarrollo de las políticas de memoria en la Unión Europea. Además, con este estudio, ha pretendido examinar la evolución específica y peculiar de la situación española en la última década.

En 2007, se aprobaron dos leyes que marcaron un hito en los intentos de legislar sobre los efectos del pasado traumático de la Guerra Civil y el franquismo. Por un lado, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Memoria Histórica y, por otro lado, el Parlamento de Cataluña dio luz verde a la Ley del Memorial Democrático. Sin embargo, el impulso inicial con el que se promulgó ambas normas se fue agotando con el paso del tiempo, entrando en un período de letargo o «hibernación».

¿Cuáles han sido los efectos reales de estas leyes? ¿Qué consecuencias y reacciones han generado? ¿Qué otras iniciativas han surgido desde entonces?

En la última legislatura, las políticas de memoria han tomado un nuevo rumbo con la creación de una Dirección General de Memoria Histórica y la decisión de exhumar al dictador Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos. Temas como la impunidad de los crímenes de la dictadura, el estado de las fosas, el tratamiento de la simbología franquista y el papel de las asociaciones memorialistas han cobrado relevancia.

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