Esta obra se centra en el análisis del mecanismo de la cuestión prejudicial comunitaria desde una nueva perspectiva, considerando a los particulares como parte procesal. Esta visión, hasta ahora inédita, necesita ser replanteada basándose en dos ideas clave:

En primer lugar, a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional número 232/2015 de 5 de noviembre y las dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Dhahbi contra Italia (8 de abril de 2014) y Schipani contra Italia (21 de julio de 2015), se puede entender que la respuesta del juez a la petición de la parte debe estar fundamentada de manera exhaustiva. De lo contrario, se estaría vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En segundo lugar, cuando la parte solicita al juez una cuestión prejudicial de validez y al mismo tiempo invoca la excepción de ilegalidad del artículo 277 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), esta petición puede verse reforzada de manera extraordinaria, incluso frente a directivas y reglamentos.

Además, se realiza un estudio exhaustivo de esta institución desde la perspectiva de la doctrina y el Derecho Comparado. Se analizan las fuentes reguladoras, prestando especial atención a las «Instrucciones a las partes» emanadas del Tribunal de Justicia. También se examina la influencia que las sentencias en materia de derechos de los consumidores han ejercido sobre ciudadanos y juristas.

Por último, se abordan los problemas relacionados con la admisión de la cuestión prejudicial comunitaria y se plantean posibles soluciones.

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