La configuración del Estado Constitucional en España se establece en la Constitución de 1978. Este documento fundamental establece los principios básicos sobre los que se sustenta el ordenamiento jurídico y político del país.

El Estado Constitucional en España se caracteriza por ser un Estado de Derecho, lo que implica que todas las acciones de los poderes públicos deben estar sujetas a la ley y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En España, el poder ejecutivo recae en el Rey, que es el Jefe de Estado, y en el Presidente del Gobierno, que es el Jefe del Ejecutivo. El poder legislativo está compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado, que son los órganos encargados de aprobar las leyes. Por otro lado, el poder judicial está representado por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los tribunales inferiores.

El sistema político español se basa en el principio de división de poderes, que busca evitar la concentración de poder en una sola institución o persona. Esta separación de poderes tiene como objetivo garantizar el equilibrio y la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Además, la Constitución española establece el principio de autonomía de las Comunidades Autónomas, que son entidades territoriales con competencias legislativas y ejecutivas propias. Estas Comunidades Autónomas cuentan con un Gobierno y un parlamento autonómico, lo que permite una mayor cercanía entre los ciudadanos y las instituciones políticas.

El Estado Constitucional en España también se rige por el principio de soberanía nacional, que establece que la soberanía reside en el pueblo español. Esto implica que las decisiones políticas y legislativas deben ser tomadas por representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos.

En resumen, la configuración del Estado Constitucional en España se basa en la separación de poderes, el respeto a los derechos fundamentales, la autonomía de las Comunidades Autónomas y la soberanía nacional. Estos principios son fundamentales para garantizar el funcionamiento democrático y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos.

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