Francesc Xavier Pons Rafols examina los principios y normas del Derecho internacional que podrían ser relevantes en las aspiraciones independentistas catalanas. Su objetivo es aclarar, desde una perspectiva jurídica, el significado de la expresión «derecho a decidir» y determinar qué puede respaldarse y hasta qué punto en el Derecho internacional.

Esta monografía busca ofrecer una revisión exhaustiva y fundamentada de los principios y normas del Derecho Internacional relacionados con lo que se conoce como «derecho a decidir». Este análisis está directamente relacionado con la reciente aparición de este concepto difuso del derecho a decidir en Cataluña, lo cual ha generado una auténtica crisis política y territorial de gran magnitud en España.

El autor trata de aclarar, desde una perspectiva jurídica, el significado de la expresión «derecho a decidir» y busca identificar qué puede respaldarse y hasta qué punto en el Derecho Internacional. En este sentido, por un lado, se examinan los antecedentes políticos y jurídicos que han llevado a la situación actual en Cataluña, así como las vías normativas y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en relación con el derecho a decidir. Por otro lado, se analizan los principios y normas del Derecho Internacional, así como la práctica internacional, que podrían ser relevantes en este contexto: el principio de libre determinación de los pueblos y, en particular, su dimensión interna; los casos de separación de Estados en Estados democráticos y la compatibilidad o incompatibilidad con el Derecho Internacional de una declaración unilateral de independencia; y los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho, que constituyen una tríada inseparable en el Derecho Internacional contemporáneo.

Finalmente, la obra plantea un análisis sobre la supuesta legitimidad internacional del proceso soberanista en Cataluña y la falta de coherencia internacional de una secesión unilateral en un contexto democrático. La tesis fundamental del autor es que en el Derecho Internacional actual se reconoce que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder político, pero también que este principio democrático sólo puede ser efectivo en un estado de derecho, que es el fundamento de sociedades justas y equitativas.

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