Pues bien, en la ciudad de Cádiz, existe una palabra española llamada «asustaviejas», la cual define una forma peculiar de acoso inmobiliario, conocido actualmente como «mobbing» por los más sofisticados. Este tipo de acoso se aplica principalmente a inquilinos de edad avanzada o ancianos, en lugar de utilizar los términos más modernos de «tercera edad», que han desplazado a los nobles conceptos de «vejez» y «senectud», considerados políticamente incorrectos en la actualidad.

Los afectados por este acoso son aquellos que se benefician de contratos de alquiler denominados «de renta antigua», los cuales han heredado de sus antepasados. Estos contratos les permiten habitar viviendas envejecidas, muchas veces ubicadas en el centro de la ciudad y consideradas mansiones señoriales. Sin embargo, los propietarios y otros especuladores oportunistas anhelan fervientemente disponer de estos inmuebles o terrenos para obtener grandes beneficios económicos tras su renovación y posterior venta.

El tratamiento jurídico-penal que se debe dar a los llamados «asustaviejas» es sumamente complejo. Esto se debe no solo a la dificultad inherente de determinar conceptos dogmáticos como el «dolus malus» y el «dolus bonus», o incluso a los límites de los deberes de veracidad en el ámbito penal reciente (¿hasta dónde se debe informar sobre el supuesto estado ruinoso de una casa? ¿cuándo un informe se considera información y cuándo se convierte en incitación al abandono de la propiedad?), sino también debido a que frecuentemente la práctica de acoso inmobiliario se sitúa al borde de la ilegalidad, involucrando una serie de delitos diversos como estafas, coacciones (ya sean violentas o no), falsificaciones documentales e incluso intrusismo. En muchos casos, individuos que se hacen pasar por «funcionarios-técnicos de urbanismo» certifican el estado ruinoso de una propiedad, cuando en realidad son impostores que persiguen objetivos espurios en lugar de brindar una verdadera profesionalidad.

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