En el mes de enero de 2003, el gobierno del Estado anunció una serie de profundas reformas en el Código Penal y en la Ley de Procesamiento Criminal. Estas reformas parecían destinadas a desviar la atención de otros asuntos en los que el gobierno había demostrado una capacidad de respuesta bastante limitada. Los primeros efectos de estas medidas fueron la reinstauración en la práctica de la prisión perpetua a través de condenas de 40 años y un aumento previsto en los efectivos encarcelados «preventivamente», lo que hizo necesario la construcción de siete nuevas cárceles. Además, el nuevo código facilitaba la asociación de la inmigración con la delincuencia.

Los promotores de estos cambios afirmaban que estaban justificados por la inseguridad y el aumento de la delincuencia, aunque el crecimiento constante de la población penitenciaria en la década anterior no había logrado eliminar estos problemas.

Las claves para comprender la verdadera génesis de este tipo de políticas penales y de seguridad, inevitablemente asociadas a la retirada social del Estado, así como los instrumentos para tener una verdadera medida de su originalidad, se encuentran contenidas en estas páginas que Ediciones Laiovento ofrece al lector que aún desea ser consciente de lo que implica ser ciudadano de un Estado. Traducción del francés por Carlos Alhegue Leira.

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