En estas últimas décadas del siglo XXI, América Latina ha experimentado grandes cambios en su estructura social, marcando así una nueva etapa en la región. Este periodo, conocido como la «década ganada», ha estado caracterizado por el surgimiento de una creciente clase media.

Tres factores clave han contribuido a este cambio: en primer lugar, un extenso proceso de democratización en toda la región; en segundo lugar, un periodo de bonanza económica impulsado por el aumento en los precios de las materias primas que muchos países exportan; y por último, la presencia de diferentes fuerzas políticas de izquierda en el poder, las cuales han implementado políticas de redistribución social que incluso han sido adoptadas por formaciones de derecha, aunque en menor medida.

Estos cambios tan significativos requieren nuevas formas de cohesión social, que trasciendan las coyunturas económicas adversas y los cambios políticos habituales en una democracia.

Los contratos sociales se caracterizan por ser acuerdos tanto implícitos como explícitos, que determinan lo que cada grupo social contribuye al Estado y lo que recibe a cambio. Es necesario modificar este contrato social para evitar, o al menos dificultar, retrocesos políticos y sociales que generen preocupación y angustia en aquellos que estudian o viven en América Latina. Debemos dejar de lado el temor a que se repita, como en el pasado, un retroceso en términos políticos y sociales.

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