La modernización de la actuación de la Administración pública se representa a través de la denominada Administración electrónica. Esta modernización se basa en las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y reducir los tiempos de espera. Además, busca acercarse al ciudadano mediante el establecimiento de nuevos canales de relación. Todo esto con el fin de mejorar la productividad y la eficacia en la prestación de los servicios públicos.

En España, la Administración tributaria ha sido pionera en el desarrollo e implantación de la Administración electrónica en el ámbito tributario, especialmente a nivel estatal. En este proceso, es fundamental potenciar los derechos y garantías de los obligados tributarios. El legislador debe ofrecer una respuesta clara y contundente para neutralizar los riesgos que conlleva el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, e incluso fomentar y promover su utilización por parte del mayor número posible de ciudadanos.

El presente trabajo se dedica al análisis de estos derechos y garantías. Se estudia la regulación de la Administración electrónica en la Ley General Tributaria y en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. También se examinan las principales aplicaciones y manifestaciones de la Administración electrónica tributaria, tanto a nivel estatal como autonómico y local.

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