La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) de 21 de julio de 1960 ha sido objeto de reforma por la Ley 8/1999, de 6 de abril, debido a la falta de técnica legislativa demostrada por el legislador en 1960 y los problemas surgidos en torno a las «comunidades de propietarios en propiedad horizontal». La jurisprudencia nacional también ha sido criticada por no abordar adecuadamente las dificultades derivadas de la aplicación de la Ley. Específicamente, el Tribunal Supremo ha sido señalado como perturbador en este aspecto.

Para encontrar soluciones reales a los desafíos planteados, es fundamental respetar los conceptos dogmáticos que definen el contenido de cada institución jurídica y analizar los efectos de su interacción. Por ejemplo, resulta imposible resolver problemas relacionados con la ejecución de sentencias contra las «comunidades de propietarios» sin aclarar cuestiones como la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal, la personalidad jurídica del conjunto de comuneros cuando actúan en defensa de intereses comunes, el papel de los «órganos comunitarios» y de su presidente, así como la posibilidad de intervención procesal de los comuneros en defensa del «interés comunitario», incluso si el presidente está designado.

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