-
PROBATICA PENAL. LA PRUEBA DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIO N DE JUSTICIA
En el momento presente, la Probática se encuentra en pleno auge como disciplina. Ha despertado el interés de los operadores forenses y la demanda de formación en técnica probatoria ha crecido enormemente. Esta ciencia ha asentado sus bases teóricas y su aplicación práctica en el ámbito jurídico privado ha sido muy bien recibida en el foro.
Ahora, la probática aplicada llega al ámbito jurídico penal. La presente obra es la primera entrega de una colección que aborda la problemática de la prueba en distintos tipos de delitos. No solo se trata de disponer de un exhaustivo compendio de experiencias sobre cómo probar cada delito en particular, sino también de contar con sugerencias sobre cómo proceder en su investigación.
-
ANALISIS JURIDICO-PENAL DE LA VIOLENCIA EN EL AMBITO DEL DEPORTE (PAPEL + E-BOOK)
La violencia en el deporte es un elemento negativo que debe ser abordado de manera efectiva. Para combatir este problema, tanto las organizaciones deportivas como las autoridades estatales han implementado una serie de medidas legales con el objetivo de reducir los actos violentos.
En este análisis, se examina la normativa europea y nacional relacionada con la violencia en el deporte. Se hace una distinción entre la Ley 19/2007, la cual se enfoca en combatir la violencia, el racismo y la intolerancia en el ámbito deportivo, y las posibles conductas que trascienden el ámbito administrativo. Además, se estudia cómo se ha llevado a cabo la represión de estos actos desde el ámbito penal.
-
DERECHO PROCESAL PENAL
Índice de abreviaturas
Palabra de Claus Roxin a la edición en español
Palabras previas de Bernd Schünemann a la edición en español
Prólogo a la 26ª edición
Introducción
Concepto y tarea del proceso penal
El derecho procesal penal en el ordenamiento constitucional
-
DERECHO PROCESAL PENAL
El presente manual tiene como objetivo proporcionar una visión práctica del Derecho procesal penal en el Ordenamiento Jurídico español, tanto para estudiantes principiantes como para profesionales del Derecho.
En los primeros capítulos se abordan los fundamentos del proceso penal, incluyendo la jurisdicción y la competencia objetiva, territorial y funcional de los órganos jurisdiccionales. Además, se analizan las partes que tienen derecho a ejercer la acción penal y la parte acusada contra la cual se dirige la acusación.
El tratamiento del proceso penal se divide en cinco capítulos, donde se examinan los aspectos procedimentales tanto del juicio ordinario como del abreviado, desde la etapa de instrucción hasta la emisión de la sentencia. También se estudian los actos de investigación, las medidas cautelares y la prueba.
En los últimos capítulos se ofrece una exposición detallada sobre los diferentes procesos especiales, se presenta un análisis del proceso ante el Tribunal del Jurado y se estudia el procedimiento establecido en la Ley de responsabilidad del menor.
Junto a la explicación teórica, el lector encontrará ejemplos prácticos de los escritos principales de cada procedimiento, extraídos de casos reales ante los juzgados y tribunales. Estos ejemplos proporcionan un contenido práctico y son de gran utilidad para aquellos que están comenzando su carrera profesional.
-
MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA INSTRUCCIÓN PENAL
En el año 2015 se llevaron a cabo reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo principal de fortalecer las garantías procesales, agilizar la justicia penal y regular las medidas de investigación tecnológica. En relación a este último aspecto, aunque la falta de previsión legal no había sido un obstáculo para que el juez instructor llevara a cabo diligencias de instrucción tecnológica, eran muchas las voces que exigían una regulación expresa por parte del legislador. En este sentido, a través de la Ley Orgánica 13/2015 se estableció un marco legal para las medidas de investigación tecnológica.
En la actualidad, la normativa procesal establece mecanismos de investigación que hacen uso de medios tecnológicos con el fin de investigar delitos, como la interceptación de comunicaciones telemáticas, el uso de dispositivos técnicos de seguimiento o el registro remoto de equipos informáticos. En este trabajo se realiza un examen descriptivo de la regulación actual, complementado con una visión crítica. El objetivo final es ofrecer un análisis detallado de las medidas de investigación tecnológica y sugerir elementos de reflexión que permitan evaluar su alcance y eficacia.
-
EL DELITO DE CONDUCCION TEMERARIA
La conducción de vehículos a motor en las carreteras españolas es una actividad altamente arriesgada, como demuestran los elevados índices de siniestralidad. Esta peligrosidad se incrementa cuando se combinan factores como el consumo de alcohol, la velocidad excesiva y el estado de las vías. Por tanto, resulta indiscutible la necesidad de penalizar esta conducta cuando genera situaciones de peligro concreto para la vida o integridad física de las personas involucradas en el tráfico.
En este contexto, la presente obra aborda de manera sistemática la evolución de los delitos contra la seguridad vial en España hasta la actualidad. Además, realiza un minucioso y detallado análisis dogmático del delito de conducción con temeridad manifiesta y concreto peligro para la vida o integridad de las personas. Se presta especial atención al debate doctrinal sobre la determinación del bien jurídico, la delimitación entre el ilícito administrativo vial y el penal, y la interpretación de criterios establecidos por la práctica forense en casos relacionados no solo con el delito estudiado, sino también con otros delitos similares.
Esta obra culmina con una serie de conclusiones que sintetizan las opiniones más destacadas sobre esta tipología delictiva y sus implicaciones en la seguridad vial.
La autora de esta obra, Josefa Muñoz Ruiz, es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y también posee una licenciatura en Criminología y un doctorado en Derecho por la Universidad de Murcia. Actualmente, es profesora en el Departamento de Historia Jurídica y de Ciencias Penales y Criminológicas de dicha universidad. Muñoz Ruiz cuenta con una amplia trayectoria investigadora y es miembro del Grupo de Investigación de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Murcia y del Proyecto TDAH de la Fundación Séneca. Asimismo, ha publicado diversos trabajos sobre medio ambiente, violencia de género, acoso inmobiliario, corrupción entre particulares y seguridad vial. Además, su experiencia profesional incluye la aplicación del Derecho al servicio de la Administración de Justicia.
-
CUESTIONES SOBRE PRUEBA PENAL Y ARGUMENTACION JUDICIAL
La enseñanza trascendental de Gierke se destaca por haber explicado a la posteridad, de manera explícita, las contradicciones entre el Juristenrecht y el de Volkrecht, así como la nota característica de la tradición germánica en relación con la construcción de su concepto de un Estado soberano, es decir, la tendencia comunitaria.
Gierke fue capaz de transmitir de manera clara y precisa las divergencias existentes entre las corrientes jurídicas del Juristenrecht y el Volkrecht. Además, resaltó la importancia de la tradición germánica en la concepción de un Estado soberano, en el cual se enfatizaba la tendencia comunitaria como factor fundamental.
Es evidente que Gierke logró establecer un legado trascendental al analizar y explicar las contradicciones inherentes a estas corrientes jurídicas, permitiendo así una comprensión más profunda de la tradición germana y su influencia en la construcción de un Estado soberano.
-
HOMICIDIO Y LESIONES IMPRUDENTES
Este trabajo se centra en los homicidios y lesiones imprudentes, analizando los requisitos fundamentales que deben cumplirse en cualquier caso de homicidio culposo o lesión culposa, así como los límites que estas figuras delictivas conllevan.
En primer lugar, es importante destacar que tanto el homicidio culposo como la lesión culposa requieren la existencia de una conducta negligente por parte del agente que causa el resultado dañoso. Esto implica que debe haber una falta de cuidado o precaución por parte del responsable, que provoque directamente el resultado lesivo o mortal.
Además, es necesario que exista una relación de causalidad entre la conducta imprudente y el resultado dañoso. Esto significa que la acción negligente debe ser la causa directa o determinante del resultado, sin ninguna otra intervención que pueda desvincular la responsabilidad del agente.
Por otro lado, es importante señalar que tanto el homicidio culposo como la lesión culposa tienen límites establecidos por la ley. Estos límites se refieren a la gravedad de las consecuencias producidas y a la previsibilidad de las mismas por parte del agente.
En el caso de los homicidios imprudentes, se considera que la conducta negligente debe ser capaz de producir la muerte de una persona. Es decir, debe existir un riesgo previsible y evitable de causar la muerte de otro individuo debido a la falta de cuidado o precaución del responsable.
En cuanto a las lesiones imprudentes, se establece que la conducta negligente debe ser capaz de producir una lesión grave o de poner en peligro la vida de la víctima. Esto implica que el agente debe ser consciente de que su falta de cuidado puede ocasionar daños importantes en la integridad física de otra persona.
En conclusión, tanto el homicidio culposo como la lesión culposa son figuras delictivas que requieren la presencia de una conducta negligente y una relación de causalidad entre dicha conducta y el resultado dañoso. Además, existen límites establecidos por la ley en cuanto a la gravedad de las consecuencias producidas y a la previsibilidad de las mismas por parte del agente.
-
ESTATUTO JURÍDICO DE LA PERSONA REQUERIDA PARA COMPRARECER ANTE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA OSTENTANDO LA CONDICIÓN DE INVESTIGADO EN UN PROCEDIMIENTO PENAL
comenzar, es importante destacar que la primera vez que el autor de este trabajo se encontró defendiendo los intereses de un cliente en una comisión de investigación, surgió una pregunta fundamental: ¿bajo qué régimen jurídico se desarrolla el proceso de una comisión de investigación cuando la persona convocada es imputada en un procedimiento penal por los mismos hechos?
Lamentablemente, la falta de respuestas llevó a emprender acciones legales correspondientes. En primer lugar, se acudió a la jurisdicción contencioso administrativa, que se declaró incompetente en el caso. Posteriormente, se presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, el cual determinó que la cuestión no tenía trascendencia constitucional. Así, la pregunta seguía sin respuesta.
Con esta premisa, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la cuestión planteada desde una perspectiva procesalista, basándose en los excelentes estudios realizados por la doctrina constitucionalista. Para lograrlo, se realizará una breve introducción histórica y se abordará el concepto, las clases y la naturaleza jurídica de las comisiones de investigación parlamentarias. Además, se examinará el régimen jurídico de estas comisiones, partiendo del análisis del artículo 76 de la Constitución y su desarrollo tanto a nivel estatal como autonómico.
En primer lugar, es importante comprender el contexto histórico en el que surgieron las comisiones de investigación parlamentarias. Estas tienen su origen en la necesidad de controlar y supervisar las actuaciones del poder ejecutivo, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. A lo largo del tiempo, su importancia ha ido en aumento, convirtiéndose en una herramienta fundamental para el ejercicio democrático.
Una vez establecido este marco, resulta necesario definir el concepto de comisión de investigación parlamentaria. Estas son órganos colegiados integrados por miembros del parlamento, cuya función principal es el estudio y la investigación de determinados hechos de interés público. Su objetivo es recopilar información, esclarecer los hechos y formular recomendaciones o propuestas en relación a los mismos.
En cuanto a las clases de comisiones de investigación, estas pueden ser permanentes o temporales. Las comisiones permanentes son creadas de manera permanente por la propia cámara legislativa, mientras que las temporales se constituyen para investigar un asunto específico y tienen un plazo determinado de funcionamiento.
En cuanto a la naturaleza jurídica de las comisiones de investigación, se consideran como órganos parlamentarios de carácter no jurisdiccional. Esto significa que su función principal no es juzgar ni sancionar, sino investigar y emitir informes o recomendaciones.
Una vez establecidos estos conceptos fundamentales, es necesario analizar el régimen jurídico de las comisiones de investigación. En España, este régimen se encuentra regulado principalmente en el artículo 76 de la Constitución. Dicho artículo establece que las Cortes Generales pueden crear comisiones de investigación para el estudio de asuntos de interés público, y que estas comisiones tendrán las mismas facultades de investigación que los tribunales judiciales.
A nivel estatal, el régimen jurídico de las comisiones de investigación se complementa con la Ley 4/1985, de 21 de mayo, del Estatuto de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Esta ley establece el procedimiento y las garantías que deben seguirse en el desarrollo de las comisiones de investigación.
A nivel autonómico, cada comunidad autónoma tiene la competencia para regular el régimen jurídico de las comisiones de investigación que se creen en su ámbito territorial. Por lo tanto, existen diferencias entre las distintas comunidades autónomas en cuanto a su regulación y funcionamiento.
En conclusión, el presente trabajo ha abordado la cuestión del régimen jurídico de las comisiones de investigación parlamentarias desde una perspectiva procesalista. Se ha realizado una introducción histórica, se han definido los conceptos fundamentales, se ha analizado el régimen jurídico tanto a nivel est
-
NUEVAS TECNOLOGIAS, PROTECCION DE DATOS Y PROCESO PENAL
Por sencilla que pueda parecer una investigación penal, el recurso a ciertas bases de datos parece inevitable. Si la investigación se complica y trasciende los límites de nuestras fronteras, algunos sistemas europeos (Eurojust, Europol, OLAF, SIS, ECRIS), de otros Estados miembros o terceros países (sistemas PNR y TFTP) pueden revelar datos sustanciales para el proceso penal en curso.
La presente publicación tiene como objetivo acercar a los profesionales del Derecho a estas bases de datos y sistemas de información, así como a los instrumentos de cooperación judicial, policial y administrativa que permiten incorporar al expediente judicial la información obtenida con las debidas garantías.
Entre estas garantías, las relativas al tratamiento y protección de datos personales encuentran difícil acomodo en el proceso procesal clásico. La protección de datos personales es una creación de Derecho europeo, iniciada por el Consejo de Europa e impulsada con fuerza por la Unión Europea en el ámbito del entonces llamado Derecho comunitario, con escasa influencia –por no decir nula- en el derecho procesal de los Estados Miembros.
La situación parece haber cambiado radicalmente tras el Tratado de Lisboa, o al menos así lo ha entendido la Comisión, que al amparo del nuevo Artículo 16(2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha presentado una propuesta de Directiva con incidencia directa en el proceso penal de los Estados Miembros. Aún está por ver si la propuesta respeta el principio de subsidiariedad, pero si así fuera, se augura un interesante debate entre procesalistas y autoridades de protección de datos. En esta publicación, anticipamos algunas de las cuestiones más controvertidas.
Entretanto, el legislador procesal español parece ignorar esta realidad y vivir cómodamente sin teléfono móvil, ordenador portátil y otras muchas herramientas que el resto de los ciudadanos, incluidos aquellos que cometen actividades delictivas, han incorporado a su vida cotidiana. El alarmante desfase entre la letra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la sociedad en la que está llamada a aplicarse provoca gran inseguridad en las autoridades policiales y judiciales, que ven la necesidad apremiante de acordar modernas técnicas de investigación como única manera de hacer frente a ciertos fenómenos delictivos.
Los principios y derechos sobre protección de datos afloran constantemente en este contexto, pero no existe una idea clara sobre si resultan aplicables o pueden prevalecer sobre aquellos que rigen el proceso penal clásico. El derecho comparado nos muestra que existen distintas opciones de política legislativa. Sea cual fuere la finalmente elegida por nuestro legislador, en España el debate debe comenzar.
-
PRINCIPIOS DE DEFENSA SOCIAL
El término defensa social, bajo un aspecto más genérico, ha existido desde hace mucho tiempo. Entendemos, entonces, que aquí la negación, junto con la pena, del derecho de castigar, es por tanto un sistema jurídico sustitutivo del Derecho penal y no integrante del mismo.
-
DERECHO PROCESAL PENAL
El presente manual tiene como objetivo brindar tanto a los estudiantes de Derecho como a los profesionales una visión práctica del Derecho procesal penal en el sistema legal español. Para lograr esto, se han organizado los capítulos de manera que se aborden los aspectos fundamentales del proceso penal.
En los primeros capítulos se analizan los presupuestos del proceso, como la jurisdicción y la competencia objetiva, territorial y funcional de los órganos jurisdiccionales. También se examinan las partes involucradas en la acción penal, tanto las que la ejercen como las que son objeto de la acusación.
El tratamiento del proceso penal se extiende a lo largo de cinco capítulos, en los cuales se exploran los aspectos procedimentales tanto del juicio ordinario como del abreviado. Se examina el proceso desde la etapa de instrucción hasta la emisión de la sentencia, así como los actos de investigación, las medidas cautelares y la prueba.
Los últimos capítulos se dedican a una exposición de los diferentes procesos especiales, incluyendo el estudio del proceso ante el Tribunal del Jurado y el procedimiento establecido en la Ley de responsabilidad del menor.
Además de la exposición teórica, este manual ofrece al lector ejemplos de los escritos principales de cada procedimiento. Estos ejemplos se han extraído de la práctica real ante los juzgados y tribunales, lo que brinda a la obra un contenido práctico y útil para aquellos que están dando sus primeros pasos en el ejercicio profesional.
-
LA ENTRADA Y REGISTRO EN LUGAR CERRADO: CONSIDERACIONES PROCESALE S, JURISPRUDENCIALES Y POLICIALES
Esta obra analiza todos los aspectos propios de la práctica de la diligencia judicial-policial de la entrada y registro en lugar cerrado desde una perspectiva jurídico-procesal y jurisprudencial. En sus ocho capítulos, se aborda de manera exhaustiva y detallada la entrada y registro en edificios o lugares públicos. Se examinan los casos en los que se cuenta con el consentimiento del titular, una resolución judicial motivada o se trata de una flagrancia delictiva, así como los supuestos excepcionales en los que concurren. También se estudia la actuación policial en su ejecución, tanto de propia autoridad como por decisión judicial.
Este marco se completa con la instrucción de un atestado, en el cual, a partir de un supuesto de hecho, se redactan todas y cada una de las diligencias policiales que conforman su contenido, además de otras específicas de la entrada y registro. Además, se analizan las distintas conductas penales en las que pueden incurrir aquellos que allanen o violen el derecho fundamental proclamado en el artículo 18.2 de la Constitución Española.
-
RELACIONES ENTRE AUTORÍA Y LA PARTICIPACIÓN
La participación en un delito es un aspecto secundario, ya que depende de la existencia de un hecho principal. Esta condición no es simplemente una creación legal, sino que se encuentra intrínseca en la naturaleza de los acontecimientos. Tanto la complicidad como la instigación presuponen, conceptualmente, la existencia de una acción principal.
La complicidad implica colaborar o ayudar a cometer un delito, mientras que la instigación se refiere a incentivar o animar a otra persona a cometer el delito. Estas formas de participación se consideran accesorias a la acción principal, ya que existen gracias a ella.
Es importante tener en cuenta que la participación en un delito puede ser castigada legalmente, incluso si la persona no lleva a cabo directamente la acción principal. Esto se debe a que la ley reconoce que aquellos que colaboran o incitan a cometer un delito también tienen una responsabilidad en el mismo.
En resumen, la participación en un delito se considera accesorio y depende de la existencia de una acción principal. Tanto la complicidad como la instigación son formas de participación que presuponen la existencia de esta acción principal. Es crucial entender que la ley puede castigar a aquellos que colaboran o incitan a cometer un delito, incluso si no llevan a cabo directamente la acción principal.
-
CUESTIONES ACTUALES DEL DERECHO PENAL MEDICO
El incremento de la esperanza de vida y los avances en la medicina han llevado a los Estados a destinar más recursos a la asistencia médica. Sin embargo, este aumento de recursos también ha dado lugar a numerosas cuestiones bioéticas relacionadas con el reparto adecuado de las prestaciones sanitarias. Estas prestaciones se han vuelto cada vez más escasas en comparación con el creciente número de personas que las necesitan, lo que plantea desafíos tanto en la práctica médica como en su financiación.
En este libro, publicado en castellano por Marcial Pons y en alemán por la editorial Nomos, se analizan en 12 trabajos las implicaciones teóricas y prácticas que las cuestiones del trasplante de órganos, la violencia obstétrica, el diagnóstico genético preimplantacional, la priorización en el reparto de las prestaciones, la estafa en la liquidación de prestaciones y el patrocinio médico-farmacéutico tienen para el Derecho penal contemporáneo. Estos temas fueron abordados por un grupo de prestigiosos penalistas alemanes, argentinos y españoles durante un seminario organizado por el grupo internacional de penalistas CRIMINT en la Universidad Erlangen-Nürnberg.
Los expertos analizan las implicaciones legales y éticas de estos temas, así como su impacto en la sociedad. Examinan cómo el trasplante de órganos plantea desafíos en términos de disponibilidad y distribución justa. También se aborda la violencia obstétrica y su relación con los derechos humanos de las mujeres. El diagnóstico genético preimplantacional plantea interrogantes sobre la selección de embriones y los límites éticos en la manipulación genética.
Además, se estudia la priorización en el reparto de las prestaciones y cómo se decide quién recibe atención médica cuando los recursos son limitados. También se examina la estafa en la liquidación de prestaciones y el impacto del patrocinio médico-farmacéutico en la corrupción del sector privado.
En resumen, este libro ofrece una visión exhaustiva de las implicaciones legales y éticas de las cuestiones bioéticas relacionadas con la asistencia médica. Los expertos aportan su conocimiento y experiencia para analizar estos temas complejos y actuales, contribuyendo así al debate sobre cómo abordar los desafíos que enfrenta la medicina moderna.
-
ENTRE EL DOLO Y LA CULPA ¿CABE UNA RESPONSABILIDAD PENAL POR «CONDUCTA ARRIESGADA»?
Este libro se presenta como una completa contradicción a nuestros preconceptos y conocimientos previos sobre la sistemática del dolo y la culpa. Durante mucho tiempo, estos conocimientos se han reproducido en tratados, monografías y artículos, sin embargo, aunque siempre han sido objeto de crítica, nunca se consideró la posibilidad de dirigir su debate en otra dirección.
El propósito de esta obra es desafiar dichos conocimientos arraigados, cuestionarlos y proponer nuevas perspectivas. A través de un enfoque innovador, se busca revolucionar nuestra comprensión sobre el dolo y la culpa en el ámbito jurídico.
Para lograr esto, se abordan diversas teorías y se analizan en profundidad. Se examinan cuidadosamente los argumentos y se presentan nuevos puntos de vista que desafían las concepciones tradicionales.
Es importante destacar que esta obra no pretende descartar por completo los conocimientos anteriores, sino más bien ampliar el horizonte de discusión y promover un pensamiento crítico. Se invita al lector a reflexionar sobre las limitaciones de los enfoques convencionales y a considerar nuevas posibilidades.
Además, se presentan estudios de casos relevantes que ilustran las diferentes perspectivas y demuestran cómo estas nuevas ideas podrían aplicarse en situaciones reales.
En resumen, este libro desafía los dogmas establecidos y propone una reevaluación de nuestros conocimientos sobre el dolo y la culpa. Su objetivo es abrir un espacio para la discusión y estimular un pensamiento crítico que fomente la evolución de la teoría jurídica.
