Durante la tragedia del PRESTIGE, como DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE, tuve la responsabilidad de aplicar la decisión del Organismo Rector. Mi objetivo era evitar que el buque, con el costado roto y perdiendo carga, se acercara a las costas. En virtud de la normativa vigente y en cumplimiento de los convenios internacionales de los que España es parte, tomé la decisión de obligar a su alejamiento.

Una vez finalizado el juicio, la Audiencia emitió una sentencia el 13 de noviembre de 2013, en la cual me absolvieron de cualquier responsabilidad. Por otro lado, el capitán del buque fue condenado. Sin embargo, algunos de los acusadores recurrieron la sentencia.

En una sentencia emitida por el Tribunal Supremo el 01/2016, se confirmó que la actuación de la Administración General del Estado había sido conforme a Derecho. Esto significó un hito importante, ya que fue la primera vez que el Estado no tuvo que pagar indemnizaciones por un siniestro ocurrido en sus costas.

Finalmente, en diciembre de 2018, la Sala 2a del Tribunal Supremo dictó una sentencia definitiva sobre la Responsabilidad Civil. Esta sentencia estableció de manera definitiva la indemnización por un importe superior a los 1.500 millones de Euros.

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