Casi diecisiete años han transcurrido desde que se iniciara, y ya podemos afirmar que el siglo XXI es un período desafiante que pone en duda la claridad y vigencia de la percepción humana de las cosas y de las instituciones esenciales que gobiernan nuestras sociedades.

Parece que durante el siglo XX se fue tejiendo un nuevo modelo de relaciones sociales, caótico y problemático, basado en un nivel científico y tecnológico inimaginable al principio de la centuria, y que ha explotado en estas primeras décadas del siglo XXI: internet y las comunicaciones; el desarrollo de la bio y tecno-medicina, el control de las enfermedades y el aumento de la esperanza de vida; la armonización de los perfiles de las sociedades humanas expresada en la idea de «aldea global»; el constante movimiento hacia una mayor equidad en beneficio de grupos sociales específicos; las formas de gobierno supranacional y a la vez el reconocimiento de lo local como nivel óptimo de gestión pública; la certeza de la finitud de los recursos naturales y los riesgos que enfrenta nuestra especie debido al modelo exponencial de producción y consumo.

Mientras estos acontecimientos vertiginosos ocurren, se mantiene, en esencia, un modelo institucional y jurídico que se remonta al menos al siglo XVIII: la división de poderes con la preeminencia parlamentaria; un sistema jurídico basado en la primacía incondicional de las Constituciones nacionales; una actividad internacional reservada a los Estados con exclusión de otros poderes públicos, entre otros contenidos que todavía enseñamos en las Facultades de Derecho y que, sin intensas matizaciones, resultan anacrónicos e ineficaces en su desempeño.

La arquitectura jurídica e institucional del Estado-nación requiere una renovación urgente que garantice su eficacia en una sociedad fuertemente condicionada por el factor tecnológico y por escenarios supraestatales de acción política. Esta arquitectura no es más que un instrumento al servicio de fines y objetivos que, sí, permanecen inalterables: una convivencia pacífica; el respeto de los derechos individuales y colectivos y el control del ejercicio del poder público siempre dirigido a satisfacer el interés general. El primer paso de esta renovación es identificar las disfunciones y lagunas, una tarea a la que este libro quiere contribuir modestamente.

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